El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha impuesto el pago de 51 millones de euros a la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen. El magistrado les imputa la comisión de delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según se desprende de un auto fechado el 26 de octubre y hecho público hoy.
Garzón concedió a los imputados un plazo de diez días para satisfacer de forma solidaria esta fianza y de no hacerlo, amenazaba con proceder al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada más un tercio, hasta alcanzar los 68.592.351euros, casi 100 millones de dólares. Además, en el auto el juez cursa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Chile, para tomar declaración a la viuda y el resto de querellados y para obtener los documentos originales que se refieren a los hechos y están en poder de los cuatro imputados, a fin de incorporarlos a la causa.
Garzón ha adoptado esta decisión en el marco de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro del sumario que investigaba el denominado 'Plan Cóndor'. En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento libre de la causa contra el Banco Riggs National Corporation que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.
Garzón concedió a los imputados un plazo de diez días para satisfacer de forma solidaria esta fianza y de no hacerlo, amenazaba con proceder al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada más un tercio, hasta alcanzar los 68.592.351euros, casi 100 millones de dólares. Además, en el auto el juez cursa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Chile, para tomar declaración a la viuda y el resto de querellados y para obtener los documentos originales que se refieren a los hechos y están en poder de los cuatro imputados, a fin de incorporarlos a la causa.
Garzón ha adoptado esta decisión en el marco de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro del sumario que investigaba el denominado 'Plan Cóndor'. En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento libre de la causa contra el Banco Riggs National Corporation que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.
Europa Press
El magistrado español basa sus decisiones en que parece claro que "la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo", fue consecuencia de unas "maniobras" realizadas a través de la entidad bancaria que "concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito".
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