Críticas de los escoltas a Rubalcaba por el aviso de un secuestro _ Interior eleva a «nivel 2» la alerta antiterrorista.
J. P. MADRID
Los cabecillas de ETA diseñaron el pasado mes de octubre un plan para cometer una cadena de atentados coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, que comienza el 1 de enero. La siniestra «agenda» de la banda contempla que al menos dos de estas «ekintzas», de envergadura, sean próximamente. Durante la anterior presidencia de España, en 2002, la organización criminal hizo estallar dos coches bomba. PP, sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y nacionalistas arremetieron contra la forma en la que Pérez Rubalcaba dio la alerta, aunque después algunos rebajaron el tono de sus críticas tras recibir la oportuna información.
Los planes de ETA, plasmados en un documento incautado recientemente, establecen varias fases para mantener una ofensiva terrorista contra el Ejecutivo de Zapatero. La primera de estas fases, que coincidiría con el inicio de la presidencia española de la UE, incluye la comisión de dos acciones criminales de envergadura. El documento no precisa ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Sin embargo, de los análisis de riesgo efectuados por la Guardia Civil se desprende que una de estas acciones podría consistir en un secuestro, con «políticos». La banda pretendería mantener al rehén durante un prolongado cautiverio para darse notoriedad y al mismo tiempo tener en sus manos un instrumento con el que presionar al Ejecutivo y sacudirse así el acoso policial y judicial que ahora le asfixia. El objetivo sería chantajearle para que adoptara medidas a favor de los presos; presionarle para permitir que la «izquierda abertzale» pudiera presentarse a las próximas elecciones, o forzarle a abrir un nuevo «proceso de paz». Además, recuerdan las fuentes consultadas que, tras su último «debate interno», ETA advirtió a la «izquierda abertzale» de que debía prepararse para un «prolongado período de confrontación». Esto es, que se dejara de hacer política porque en la actual coyuntura venían «tiempos de guerra» dirigidos a imponer desde la fuerza un nuevo «proceso de paz». La ofensiva, por tanto, buscaría también acallar las voces que desde la «izquierda abertzale» cuestionan la «lucha armada».
Los expertos tienen datos de que ETA ha reorganizado varios «comandos», algunos de los cuales ya estarían operativos en España. El Ministerio informó ayer de que ha activado el «Nivel 2» del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista que se despliega cuando el riesgo de atentado es «probable». Durante la anterior presidencia española de la UE, en 2002, ETA hizo estallar dos coches bomba.
Y mientras Rubalcaba reiteró ayer que existe un alto riesgo, partidos de todo el espectro político, sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles, escoltas... lograron un consenso sin precedentes para criticar la alerta -«irresponsabilidad», «respuesta a intereses políticos...»-, aunque a lo largo de la jornada, y tras las explicaciones del ministro, algunos rebajaron sus críticas. Otros, en cambio, siguieron poniendo en la picota el insólito procedimiento elegido por Rubalcaba para anunciar la noticia de un intento de secuestro por parte de ETA. Muchos de los supuestamente afectados se enteraron de la gravedad del asunto por la prensa.
El titular de Interior explicó que la alerta no es fruto de «una ocurrencia de una tarde, sino de una evaluación seria». Ayer fueron informados los servicios que dan protección a colectivos como empresarios, políticos y jueces. Precisamente, los sindicatos policiales, que en un primer momento arremetieron contra Rubalcaba, rebajaron algo su enfado. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, afirmó que las palabras de Rubalcaba habían provocado «extrañeza» en su partido, aunque reconoció que el ministro había hablado con Federico Trillo. «Esperamos y suponemos que el Ministerio del Interior, además de la advertencia, haga todo por evitar que esa situación se produzca». Cospedal reiteró que el PP apoya el Gobierno en materia antiterrorista.
Las asociaciones de guardias civiles también criticaron al ministro.